Por Mapocho
Este es mi primer posteo en el blog del Centro de Estudios CRANEO. Tenemos este sitio como una plataforma de pensamiento crítico, y nuestro “Bolívar” Mazapanzer ya nos bendijo con su aclamado reporte sobre la situación de Ecuador (en serio, llegaron muchos buenos comentarios, aunque pocos posteos en el blog mismo –aparte de los que subimos-… parece que el proceso de dejar comentarios es poco amigable para el usuario: ya lo solucionaremos).
En fin. Hace tiempo que quiero hablar del asunto de la ley del 20% de música chilena en las radioemisoras nacionales. Más que una ley propiamente tal, se trata de modificaciones a la Ley de Fomento de la Música Nacional, que regula –entre otros asuntos- el Consejo de la Música y el Fondo que dicho organismo administra. Se acompaña además de una modificación relacionada con la presencia de artistas nacionales en espectáculos de extranjeros (la cual no he revisado aún, por lo que no hablaré de ella… por ahora).
Existe una extensa experiencia sobre cuotas de música nacional en diversos países, y tienen distintos objetivos además del fomento mismo de la música por sí misma y su penetración en las audiencias. En el caso francés, se busca proteger la lengua francesa en el escenario europeo y global. Canadá busca, con una ley muy abarcadora, fomentar todas las manifestaciones musicales nacionales (incluso aquellas extranjeras en las que participan en alguna medida canadienses, y aún las presentaciones de artistas extranjeros en suelo canadiense). Australia tiene una de las leyes más antiguas (desde los años ’40), la que ha pasado por constantes modificaciones atendiendo a la desarrollo del campo musical local y mundial. Argentina, por su parte, está desarrollando una ambiciosa (y polémica) ley que además fomenta la participación de la sociedad civil en el espectro radiofónico.
En Chile, la iniciativa de la modificación a la ley se desarrolló en la Cámara de Diputados, a partir de una moción de la Comisión de Cultura y las Artes (presidida por Ximena Vidal, y en la que participan personajes variopintos como Ramón “Tímido” Farías y Andrea “Sussi” Molina). La historia de la propuesta puede seguirse en el sitio web de la Cámara de Diputados, pero lo que a todas luces llama la atención es que carece de la profundidad de las leyes de los países que han implementado exitosamente leyes de cuoteo (por ejemplo, porcentajes según género musical, una implementación progresiva a largo plazo, una entidad que recoja y administre la información, sanciones e incentivos económicos para infractores o cumplidores, etc). Simplemente han incorporado un artículo donde se exige un 20% de música nacional en las radios.
Todo ello, sin participación del Consejo de la Música ni del CNCA. Lo cual no es malo ni bueno, pero indica la falta de coordinación en la institucionalidad pública sobre cultura (un tema que no es nuevo). Falta aún saber qué posición tomarán los consejeros sobre el tema.
Todos los involucrados tienen opiniones al respecto (por lo demás, para nada homogéneas dentro de cada grupo afectado): desde la adhesión irrestricta (SCD) a la negativa absoluta (ARCHI). Lo complejo es que estas opiniones están de alguna manera representadas en el Consejo de la Música, el cual pareciera no actuar pensando en un desarrollo equitativo del campo musical, sino en la defensa de los intereses corporativistas que representa cada miembro (donde por cierto la sociedad civil está difícilmente incorporada)… seamos justos, algunos más que otros. Y es que hay mucho en juego: lamentablemente no se trata solamente del valor de la música en nuestra sociedad. Hay millones de pesos en términos de derechos de reproducción sobre la mesa; donde todos buscan su parte… y la quieren ahora.
